Tras una intensa sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el bloque del Movimiento Derecho al Futuro -que integra la concejala Manuela Schuppisser- acompañó con su voto afirmativo la autorización al Departamento Ejecutivo para emitir el «Bono de Infraestructura de San Isidro» por $30.000 millones.
Desde la bancada opositora explicaron que la decisión responde a una profunda responsabilidad institucional: «Nosotros creemos en el Estado presente y en la obra pública como motor de
dignidad; no vamos a repetir en San Isidro la lógica de asfixia y parálisis que Javier Milei ejecuta a
nivel nacional contra las provincias que no se domestican».
A pesar de acompañar la iniciativa general para no transformarse en un impedimento para el desarrollo local, el bloque dejó asentada su firme postura a través de los fundamentos en su exposición, la edil Manuela Schuppisser remarcó que los recursos extraordinarios deben llegar de forma urgente a los sectores más postergados del distrito.
La bancada peronista, que se consolidó en el recinto como la legítima representación del gobernador Axel Kicillof en el distrito, defendió la necesidad de blindar los fondos utilizando como marco técnico y legal el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
«Acompañamos este crédito porque nuestro compromiso es con el pueblo, con la calidad de vida de
los vecinos de San Isidro y porque nosotros no especulamos, no creemos que cuanto peor mejor
para ponernos en pose mientras nuestra gente sufre», señaló.
Schuppisser propuso un esquema obligatorio de intervención donde los fondos se destinen a las obras hidráulicas de mitigación en el sector crítico de «El Pozo» del Barrio La Cava, en tendido eléctrico seguro, redes de agua potable, cloacas, planes de vivienda digna y la puesta en valor de las salitas de atención primaria de la salud y escuelas públicas de gestión provincial en los 17 barrios populares del distrito.
La concejala, subrayó que exigirán de forma irrenunciable el cumplimiento de mecanismos estrictos de transparencia, incluyendo la presentación de informes trimestrales detallados ante el Concejo Deliberante sobre el flujo de caja y el estado físico y financiero de las obras. «Votamos a favor porque somos consecuentes en denunciar el intento de disciplinamiento del gobierno de Milei que tiene como rehenes a los bonaerenses y defendemos el rol protector del Estado que dignifica, sana y construye.».
A través de los fundamentos, la bancada opositora dejó en claro que este acompañamiento no es
un cheque en blanco, sino un acto de responsabilidad ante un contexto macroeconómico extremadamente complejo.
Según informes oficiales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la deuda acumulada del Estado Nacional con la Provincia ya supera los $16.7 billones de pesos por fondos coparticipables retenidos ilegalmente y obras públicas paralizadas. Esta masiva detracción de recursos golpea de forma directa las finanzas provinciales e impacta en la masa coparticipable de los 135 municipios bonaerenses, desfinanciando de forma encubierta a San Isidro.
«Frente a la deserción explícita de sus obligaciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros
elegimos reivindicar el rol protector del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por eso defendemos el valor de una gestión que no discrimina a ninguna gestión municipal por cuestiones partidarias y pone por delante al pueblo de cada uno de los 135 municipios», sostuvo Schuppisser, remarcando que es la administración de Kicillof la que, con un enorme esfuerzo presupuestario propio, sostiene la salud, la contención y la infraestructura esencial. Por este motivo, el MDF local decidió no ser un impedimento para el ingreso de fondos al municipio, sino un garante de que se ejecuten donde realmente se necesitan.
