Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), fue quien leyó en la Plaza del Congreso el documento consensuado entre alumnos, rectores, docentes y no docentes.
El texto completo
Hace 5 meses convocamos a una manifestación nacional preocupados por el desfinanciamiento que estaban experimentando el sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la Universidad Pública, la educación y la ciencia. Siempre dispuestos a la búsqueda de soluciones, advertimos en aquel entonces las dificultades que el sistema atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy. La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios. Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la des jerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver estructuralmente los problemas. La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la Universidad Pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento. El Gobierno busca desmantelar la paritaria nacional docente y no docente – la principal herramienta para resolver las controversias salariales y las condiciones de trabajo – por tres vías. La primera, negando la especificidad de los Convenios Colectivos de Trabajo y equiparando esta paritaria a la de la administración pública nacional. La segunda, transformándola en una farsa donde el diálogo y la instancia de negociación desaparecen y sólo existe la imposición, la palabra vacía y la difamación hacia trabajadoras y trabajadores. La tercera, negándose a resolver el pliego completo de reivindicaciones: cumplimiento y pago de la garantía salarial, reposición y pago del FONID, formación y capacitación, cargos genuinos para ad honorem y contratados, salud y condiciones de trabajo, nomenclador de nivel preuniversitario y recomposición de los programas socioeducativos. El reclamo por recomposición salarial para sostener la universidad pública converge con las luchas de la clase trabajadora por su salario y condiciones de vida. Todo ello bajo el impacto del índice de pobreza que creció más del 10 % en los primeros seis meses del año, con casi el 70 % de niñas y niños pobres, con el incremento del 13 % de jubiladas y jubilados pobres, con despidos masivos en diferentes dependencias del Estado nacional vinculadas con el bienestar social y la soberanía nacional; pero también bajo la frivolidad, el destrato y la crueldad de este Gobierno. Defender las condiciones salariales y de trabajo de docentes y no docentes en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos: condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible. La Ciencia es la Universidad, la crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-
