Además, obtuvieron media sanción los proyectos de reforma en seguridad- impulsados por el Poder Ejecutivo- sobre Abordaje Integral del Crimen Organizado; y regularización de Armas de Fuego.
La Cámara de Diputados aprobó con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones, las modificaciones introducidas por el Senado de la Nación al proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional – Ley 19.945- sobre Boleta Única de Papel (BUP) para emisión del sufragio.
La modificación de la Cámara Alta que, obtuvo respaldo en un plenario de Comisiones de Diputados , establece un cambio de plazos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se adelantarán del segundo al primer domingo de agosto; pasarán de 50 a 60 días el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados; de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la Boleta única; y la campaña electoral comenzará 60 días antes de las elecciones.
De esta manera, se establece el modelo de la provincia de Mendoza, en el cual la boleta estará dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política, y la eliminación del casillero con la opción lista completa, entre otras modificaciones.
El miembro informante, diputado Nicolás Mayoraz (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que “hoy es un gran día para la democracia” y que esta “Ley va a permitir terminar con una práctica corrupta”, por ejemplo -puntualizó- “como es el caso del robo de boletas”.
En la misma línea, el presidente del bloque de LLA, diputado Gabriel Bornoroni (LLA), remarcó la importancia del BUP, al señalar que “todos vamos a poder competir en igualdad de condiciones”.
En tanto, el diputado Carlos Castagneto (UxP) cuestionó que “no hay una argumentación sólida de por qué se quiere cambiar este sistema electoral que lleva 40 años y que en ningún momento hubo denuncias de fraude”, al tiempo que consideró: “Es importante mantener los partidos políticos”.
Por su parte, su par Silvia Lospennato (PRO) se refirió a “los tres grandes beneficios de la BUP” y en ese sentido, enumeró: “Asegura la libertad de los electores, la igualdad de los partidos políticos y mejora la integridad del sistema político argentino”.
Desde la UCR, el diputado Martín Arjol sostuvo que “este sistema nos va a traer una simplificación del proceso electoral, mayor transparencia y nos va a permitir la unificación de la boleta en una única boleta”. “Además, la BUP va a producir un ahorro en los costos de los procesos electorales”, explicó.
“Es un sistema más transparente, que permite una mayor autonomía de los votantes, una igualdad de representación de los partidos políticos y mejora la democracia”, expuso Mónica Fein, de Encuentro Federal. Desde el mismo bloque, Margarita Stolbizer, manifestó que “el sistema electoral debe garantizar igualdad de oportunidades para los candidatos, los partidos políticos y, fundamentalmente, al elector, que tiene que tener la libertad de elegir, pero sobre todo la posibilidad de votar al que eligió, circunstancia que no todas las veces se da”.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó la iniciativa: “El remedio puede ser peor que la enfermedad, no se van a poder conocer todos los candidatos, solo van a constar los primeros cinco”. “Es una ley para esconder panqueques», concluyó.
ABORDAJE INTEGRAL DEL CRIMEN ORGANIZADO, REGULARIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y PRÓRROGA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO
Diputados dio media sanción a los proyectos de ley, impulsados por el Poder Ejecutivo, sobre abordaje integral del crimen organizado denominado *“Ley Antimafias”; y sobre Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La norma que instituye el abordaje integral del crimen organizado obtuvo 137 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones y tiene como objetivo “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”.
En ese sentido, la diputada miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado (PRO), informó sobre la ley de abordaje integral de crimen organizado, y explicó que “hemos incorporado sugerencias de los ministros provinciales y los bloques políticos. Vamos a retirar los artículos de amenaza, daños e intimidación pública, que son delitos comunes; correcciones a la comisión interjurisdiccional», comentó entre otras modificaciones.
En tanto, el diputado José Glinsky (UxP) (miembro informante del dictamen de minoría) explicó «Esta es una ley muy difícil porque es engañosa. Dice combatir las mafias, sin embargo, en esta ley no hay nada que pueda tipificar a qué sujeto está persiguiendo. Tiene inconsistencias jurídicas, supone fundamentos que no aborda y es contradictoria con otro proyecto del Poder Ejecutivo, el blanqueo de capitales».
El diputado Álvaro Martínez (LLA), consideró que le da “herramientas a la justicia para poder combatir el crimen organizado y no sólo es una respuesta sino es un llamado a la acción. Es un proyecto de seguridad social y pública”.
“La ley plantea poder operar sobre estas bandas, no solamente con un hecho sino atacar el origen y a las consecuencias”, agregó la diputada Silvana Giudici (PRO). Su par de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, dijo que “es un aporte significativo y un cambio de paradigma”.
Asimismo, Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad), manifestó que se “quitan las garantías constitucionales y es un instrumento represivo”.
Armas de Fuego
En el mismo sentido, la Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, Ley 26.216, busca “crear una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego”, ya que, tal como lo establece la iniciativa, “resulta esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”. La norma obtuvo 142 votos afirmativos, 89 votos negativos, 1 abstención.
Al respecto, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), explicó el dictamen de mayoría: “Esta norma viene a dar un plazo en virtud de la cual las personas que no pudieron actualizar el documento (de tenencia) puedan realizar la tramitación y así el estado puede saber dónde están las armas (…). El plan de tenencia de armas se tiene que entregar al estado, los que se quieren desprender de las armas lo van a poder hacer. Queremos que exista la entrega voluntaria de armas”.
Por su parte, el diputado Martín Soria (UxP), defendió el dictamen de minoría y consideró: “En este contexto resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes del Estado, profundice las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de los barrios, calles, ciudades. Cada arma que se saca de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”.
El diputado Santiago Santurio (LLA), expresó que el proyecto “tiene dos puntos claros: cuando hablamos de entrega voluntaria es el desarme de las personas y, por otro lado, regularizar las armas que están en tenencia irregular. Le da al Estado las herramientas y a la persona que quiere tener su arma para su defensa, en el ejercicio de su derecho, la posibilidad de regularización”.
Emplazamiento de Comisiones
También se votó un emplazamiento para el día jueves 10/10 a las 11hs de las comisiones que resulten giradas oportunamente para el proyecto 5651-D-24 que declara “la emergencia ambiental, económica y habitacional”, para la provincia de San Luis.
Patrimonio Cultural y tratados internacionales
Asimismo, obtuvo media sanción el proyecto que establece la creación del Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial , con el objetivo de constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales.
Durante la sesión, se sancionó el proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se concede autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules honorarios y de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, propuestos por gobiernos extranjeros según lo establecido en la ley 23.732; así como también distintos Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales.
Emergencia en Córdoba
En el final de la sesión, se aprobó la norma que cuenta con media sanción del Senado, por la cual se declara “la emergencia ambiental, económica y habitacional”, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la provincia de Córdoba, específicamente en las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y en aquellos departamentos afectados por los incendios ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de 2024. La norma logró 218 votos afirmativos, 0 negativos y sin abstenciones.