A una semana de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 algunos cambios ya comenzaron a notarse.
Entre los primeros, están el aumento de las prepagas del 40% para enero, y que fue notificado a los usuarios a pocas horas de conocerse la normativa.
Otro cambio importante es el, de la derogación de la ley de alquileres, que según referentes del sector inmobiliario redundó en una mayor oferta. Sin embargo, muchos inquilinos, a pocos días de anunciado el DNU, recibieron notificaciones de aumentos, y en las plataformas que ofrecen alquileres gran parte de los precios pasaron a dólares.
Otro impacto es el de la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas y asi el Observatorio de Precios es mucho más difícil de medir. según se informo
y hasta se anucncio subas desde un 36% en febrero y otro porcentaje en marzo que afectaria el bolsillo, pero ante el reclamo de los usuarios y previendo la posibilidad de que muchos deban abandonar el servicio por aumentos que rondarían el 80% en los primeros dos meses del año, las empresas comenzaron a ofrecer nuevos planes, e incluso servicios más económicos que ya tenían pero que no estaban brindando. Otras decidieron dar marcha atrás con la suba y aplicarla de manera escalonada. “Ante las situaciones complejas que nos atraviesan a todos, el porcentaje del 35,6% que adicionamos al incremento del 6,26% para el mes de enero de 2024 y que íbamos a aplicar efectivamente en el mes de febrero se realizará en forma progresiva y en partes iguales durante los próximos cuatro meses”, comunicaron.
Es una fase de corrección de precios relativos, condición necesaria para la implementación de un programa de estabilización que aún no conocemos”. Las dispersiones de precio “deberían ir desapareciendo a medida que baje la inflación, porque una de las consecuencias principales de la inflación es la pérdida de precios de referencia”.
El problema es que, en este contexto, el Estado se queda sin recursos para evitar abusos. “Si el supermercado retiene mercaderías, especulando con el precio, no se lo puede multar”, explicó en un informe del Centro de Economía Política (CEPA).
