A través del Decreto 879/24, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la ley de financiamiento universitario que había aprobado el Congreso de la Nación.
Entre los considerandos de la norma que firmó todo el gabinete nacional, Milei aseguró que el texto de la ley «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento». Algo similar habían planteado en el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Según el decreto, la implementación de la ley significaría un aumento del presupuesto en $251.907.500.000 solo hasta agosto de 2024, sin contar las actualizaciones previstas para los meses restantes del año. En total, el Gobierno calculó que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000. Estos costos fueron determinantes para que el Poder Ejecutivo decidiera no promulgar la ley.
El Ejecutivo también consideró que la ley otorgaba un incremento salarial desproporcionado al personal de las universidades nacionales en comparación con el resto del personal de la Administración Pública Nacional. Mientras los trabajadores universitarios recibirían un aumento del 87% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el resto del personal solo obtendría un 78%.
Finalmente, Milei señaló que la ley de financiamiento universitario «no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente».
