Fue a pocas horas de su publicación oficial, el decreto fue presentado por ATE y la CTA quienes tramitaron el recurso de amparo ante el juez Esteban Furnari.
Pidieron al Juez que declare la inconstitucionalidad y la nulidad del DNU 70/2023 ya que consideran que Milei se arrogó facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, lo que implicaría un caso de abuso de derecho público que viola el principio republicano de la división de poderes, la democracia y el principio de reserva de los derechos colectivos de la ciudadanía a intervenir en la dirección de los asuntos públicos a través de sus representantes.
“Este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente».
La Constitución prevé que el Presidente puede hacer uso de la herramienta del DNU únicamente en “circunstancias excepcionales” en las que no se puede llevar a cabo el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Debe haber entonces una situación de necesidad y/o urgencia.
Sin embargo, los impugnantes resaltan que durante la cadena nacional del miércoles a la noche Milei anunció que convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso y que remitiría un paquete de leyes, lo que implicaría un reconocimiento de que el Legislativo funciona o puede funcionar rápidamente si se lo convoca.
En la presentación también resaltan que por el alcance masivo del DNU, se entiende que es incompatible con la excepcionalidad que demanda la Constitución y que ha exigido la Corte Suprema en distintos fallos.
En el texto del DNU, Milei invoca una situación de urgencia que debe ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Según el Presidente, la “desesperante situación económica no admite dilaciones”.
