La Cámara de Diputados de la Nación debatió en sesión especial la Ley Nº 27.757 de Financiamiento Universitario que establece una recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La votación obtuvo votos 160 positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.
El proyecto, aprobado en Diputados, había sido sancionado definitivamente por el Senado de la Nación. Luego, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 879/2024, por el cual se observó totalmente y se devolvió el proyecto al Congreso Nacional.
Al comienzo, la diputada Vanina Biasi (FIT) manifestó su rechazo al veto presidencial: “Nuestra lucha se tiene que profundizar porque no tenemos asegurado el presupuesto para las universidades”; mientras que su par Osvaldo Llancafilo (Mov. Popular Neuquino) pidió “tener una mirada federal en relación a las universidades” y “actualizar el presupuesto».
Por su parte, la diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) argumentó: “Sabemos que el ajuste es necesario, pero no con la educación que es el futuro de un país”.
Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone expresó su postura a favor del veto, al considerar: “Creemos que es una buena oportunidad para discutir el rol de la Universidad y de ampliar la oferta universitaria para sectores que son necesarios para el desarrollo nacional”.
En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) manifestó su apoyo a “la Ley de Financiamiento Universitario»; mientras que su par Pamela Calletti (Innovación Federal), puntualizó: «No estamos debatiendo solo gastos sino también la situación de emergencia en la que se encuentran las universidades”.
A su turno, el diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) planteó que “van a ratificar la decisión de acompañar la insistencia y de estar al lado de las universidades públicas como la defensa de un valor”, al tiempo que, desde la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo cuestionó la falta de “propuestas del Gobierno” destinadas a “mejorar las universidades”.
Desde el Pro, Silvia Lospennato subrayó: “Nosotros queremos universidad pública y gratuita, pero no vamos a insistir con una Ley que no votamos”. “Necesitamos un Estado ordenado que no gaste mas de lo que recauda”, concluyó.
A modo de cierre, el jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció el “reclamo legítimo de las universidades”, pero informó que “el impacto fiscal de esta ley es de 1.200 millones de dólares”.
Luego, el diputado Germán Martínez (UxP) se manifestó en defensa de “la educación pública y de las universidades”, y en ese sentido, Cecilia Moreau (UXP) adelantó el voto de su bloque “a favor de la ratificación de la Ley».
Por su parte, desde el bloque de La Libertad Avanza, José Luis Espert ratificó que “la educación universitaria pública no está en peligro, aunque cuenta con problemas”. Y cuestionó: “Heredamos un sistema educativo básico destruido, el 46% de los estudiantes universitarios tardan diez años en terminar carreras, solo cuatro de diez estudiantes son regulares, solo el 12,4% de los jóvenes más pobres van a la universidad y menos de la mitad la termina”. En el mismo sentido, la diputada Mercedes Llano, dijo que este debate es “reduccionista” y que “debe darse en paritarias”.
EMPLAZAMIENTOS
Además, se aprobó moción de emplazamiento propuesta por el diputado Oscar Agost Carreño (EF) para que las Comisiones de Asuntos Constitucionales; Peticiones, Poderes y Reglamento, en “forma conjunta y en trabajo plenario, inicien el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.
En otro orden, se votó una moción, a propuesta de la diputada Cecilia Moreau (UxP), para emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el fin de citar al ministro de Economía, Luis Caputo.
