El encuentro se llevó a cabo en cumplimiento del emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial del 8 de abril de 2025. El proyecto declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
Como autor del proyecto y titular de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UxP), detalló que la iniciativa plantea la emergencia en discapacidad sobre tres cuestiones centrales: “la primera, es la emergencia a lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad; la segunda, es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión, o ya la tienen; la tercera, refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo, y es el maltrato”, especificó.
“La situación crítica de las personas con discapacidad viene desde hace tiempo, pero objetivamente ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones que se dan”, sostuvo Arroyo. En otro aspecto, el legislador remarcó que “lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, y en esa línea, añadió: “Está claro que es necesario hacer una auditoría, para identificar adonde están los problemas, pero otra cosa es poner en estado de desesperación a las personas con discapacidad”.
En tanto, Arroyó aclaró que el proyecto ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social Salud. “El proyecto tuvo mejoras sustantivas de varios bloques. Una, es la del cuidado del sistema de seguridad social. También, da claridad sobre la imposibilidad que una persona tenga a la vez jubilación y pensión por discapacidad, que estaba en el texto, pero quedó más claro”, explicó. Para concluir, afirmó que “necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable; este es un proyecto de humanidad, de pura racionalidad económica y de justicia”.
Desde el mismo bloque, Pablo Yedlin, como titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública, resaltó que “el nuevo dictamen es superador” al considerar que “no podemos solucionar este problema de falta de financiamiento de la seguridad social a estas prestaciones a través del no ajuste de los valores lógicos que permitan que las prestaciones se den”. “Esta ley va en el sentido de sostener un sistema de seguridad social con los magros aportes y contribuciones y con prestaciones superan las capacidades del sistema”, manifestó.
De Encuentro Federal, Mónica Fein, anticipó que acompañará el dictamen y declaró que “lo que vemos es desesperación con las personas que hablamos a partir de un mecanismo perverso que este gobierno nacional ha definido para que le cierren los números, dejando a los que requieren del Estado para ser acompañados en situación de mayor vulnerabilidad”. En el mismo sentido, la diputada Marcela Coli, de Democracia para Siempre, expresó que “estamos de acuerdo, es necesario y es urgente declarar una emergencia”.
También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.
El diputado Martín Maquieyra, del PRO, inició su alocución señalando que “nuestro bloque va a plantear algunas modificaciones y diferencias al dictamen”. “Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor del nomenclador y de las prestaciones, porque creemos que es un problema que hay que solucionar y es una realidad que están viviendo las personas con discapacidad y aquellos que prestan servicios”, fundamentó.
Y, prosiguió ratificando que “la mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.
De Democracia para Siempre, Ana Carla Carrizo, quien dijo que presentaron un dictamen de minoría, comentó la necesidad de “cubrir la emergencia pero tiene que ser acotada; no estamos de acuerdo que sea tan larga, queremos que sea un año y medio, y queremos al Ejecutivo discutiendo presupuesto”.
Al acompañar la declaración de emergencia, Natalia Sarapura, de la UCR, recalcó que “entendemos que es necesario profundizar la priorización en la agenda de la política pública y de la garantía de derechos”. Desde el mismo bloque, Lisandro Nieri, informó que presentaron un dictamen “con la necesidad de la actualización, pero también hacemos énfasis sen las auditorias y una modificación que busca la promoción de empleo”.
