La clienta, vecina de Martínez, descubrió los gastos en su homebanking y sus reclamos fueron rechazados en varias oportunidades de forma sistemática. El organismo de control de San Isidro castigó la falta de respuestas y el «faltazo» a las audiencias de conciliación, en un fallo ratificado por el tribunal contencioso administrativo.
Una vecina de Martínez ganó una batalla judicial clave contra un importante banco que le exigía pagar más de 7 millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó una fuerte multa contra la compañía por vulnerar los derechos de su clienta y por faltar a las audiencias de conciliación convocadas por el Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro.
El calvario de la damnificada comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando ingresó a su homebanking y descubrió el millonario fraude en el resumen de su tarjeta de crédito. En total, los estafadores habían gastado $7.116.189. De inmediato, la mujer radicó el desconocimiento de las operaciones ante la entidad emisora, pero recibió constantes respuestas negativas y rechazos a sus reclamos de forma sistemática.
En un confuso episodio que dejó en evidencia la falta de respuestas institucionales, la empresa procedió meses después a acreditarle únicamente dos de los consumos desconocidos (por un valor de $62.400 y $480.000), pero continuó exigiéndole el cobro del resto de la abultada deuda sin darle ningún tipo de explicación ni justificativo técnico.
Ante el desamparo y la falta de soluciones, la vecina radicó la denuncia formal que dio inicio al expediente ante la Dirección General de Defensa del Consumidor a mediados de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el banco adoptó una postura de total desinterés durante el proceso: de las cuatro audiencias oficiales fijadas para intentar llegar a un acuerdo, no se presentó a dos de ellas, a pesar de estar debidamente notificado en tiempo y forma.
Tras concluir la etapa de investigación sumarial, el organismo de control determinó de manera tajante la responsabilidad de la empresa y le aplicó una doble penalidad económica que, en conjunto, roza los 9 millones de pesos. Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor fundamentaron la sanción al advertir que la firma «no brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a las transacciones desconocidas», lo que motivó una multa de $7.396.800. A esto se le sumó otro castigo de $1.541.000 por «no haber comparecido a dos de las cuatro audiencias designadas», una conducta que obstaculizó la resolución pacífica del conflicto.
Luego de conocerse el fallo de la Cámara que ratificó la penalidad, desde el organismo de control municipal emitieron una fuerte advertencia dirigida a todo el sector financiero: «Las entidades bancarias y de crédito tienen la obligación legal y profesional de garantizar la seguridad de sus plataformas; no pueden trasladar el riesgo tecnológico ni la carga de la prueba a los usuarios».
Asimismo, los funcionarios públicos se mostraron inflexibles ante el comportamiento corporativo durante el reclamo: «El ‘faltazo’ sistemático a las citas del Estado no es gratuito. Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria despreciando el tiempo de los ciudadanos».
A pesar de que el banco intentó apelar la resolución administrativa para evitar el desembolso, la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó de manera definitiva la resolución de Defensa del Consumidor. El tribunal rechazó de cuajo los argumentos de la compañía y la obligó a abonar el total de las multas aplicadas, las cuales deberán ser liquidadas con los montos completamente actualizados al día de la fecha.
FUENTE: Municipio de San Isidro
